Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechaz贸 una serie de apelaciones de varias de las mayores farmac茅uticas del pa铆s que impugnaban un programa que obliga a las empresas a negociar con Medicare los precios de algunos de sus medicamentos m谩s populares. Se espera que esta iniciativa les ahorre miles de millones de d贸lares a los contribuyentes y al Gobierno federal.
La decisi贸n de la Corte de desestimar las apelaciones, sin dar explicaciones, mantiene vigentes varias sentencias de tribunales inferiores que respaldan el programa que el Congreso promulg贸 en 2022. Otros litigios relacionados con el programa a煤n est谩n pendientes.
La cuesti贸n radica en una disposici贸n de la Ley de Reducci贸n de la Inflaci贸n de 2022, que permite a Medicare negociar los precios de ciertos medicamentos por primera vez, tras a帽os de debate sobre si dicha negociaci贸n constituir铆a, en la pr谩ctica, una fijaci贸n de precios por parte del Gobierno. Sin embargo, el aumento del costo de los medicamentos recetados ha incrementado la presi贸n financiera sobre Medicare y sus beneficiarios.
Las farmac茅uticas, entre ellas AstraZeneca y Janssen, afirmaron que el programa conduce a una 鈥渘egociaci贸n simulada鈥�, que viola sus derechos al debido proceso. La mayor铆a tambi茅n argument贸 que el programa viola la Primera Enmienda porque las obliga a 鈥渁doptar la versi贸n del Gobierno鈥� sobre un acuerdo negociado. Los tribunales inferiores rechazaron estos argumentos, y se帽alaron que las empresas son libres de retirar sus productos de los programas de salud gubernamentales.
Seg煤n le inform贸 la administraci贸n de Trump a la Corte Suprema, solo en 2021 el Gobierno federal gast贸 m谩s de US$ 250.000 millones en medicamentos cubiertos por Medicare.
La primera ronda de negociaciones abarc贸 10 medicamentos y se espera que genere un ahorro de US$ 6.000 millones para el Gobierno federal y una reducci贸n de US$ 1.500 millones en los gastos de bolsillo para las personas mayores, seg煤n anunci贸 la administraci贸n de Biden, en 2024. Los precios entraron en vigor en enero.
Entre esos medicamentos se encontraba Farxiga, fabricado por AstraZeneca, que se utiliza para tratar la diabetes, las enfermedades card铆acas y las enfermedades renales. Otro medicamento incluido en esa primera ronda fue Eliquis, un anticoagulante fabricado por Bristol Myers Squibb que se utiliza para tratar y prevenir co谩gulos sangu铆neos y accidentes cerebrovasculares. En el caso de Farxiga, AstraZeneca inform贸 a la Corte Suprema que el proceso de negociaci贸n, que fue el eje del caso, result贸 en un descuento del 68 % sobre su precio de lista.
Seg煤n anunci贸 e帽 Gobierno de Trump, en noviembre, la segunda ronda, que abarc贸 15 medicamentos, permitir谩 a Medicare ahorrar unos US$ 12.000 millones y reducir los gastos de bolsillo de los afiliados en US$ 685 millones cuando los precios entren en vigor, el pr贸ximo mes de enero. Las negociaciones para la tercera ronda est谩n en marcha.
Los medicamentos se seleccionan de una lista de f谩rmacos elegibles con el mayor gasto total de Medicare.
Las farmac茅uticas y sus aliados llevan tres a帽os litigando contra el programa de negociaci贸n de precios de medicamentos de Medicare. Se han presentado numerosas demandas en distintos distritos de Estados Unidos. Hasta la fecha, todas las decisiones han sido desfavorables para la industria, ya que los jueces han dictaminado que la participaci贸n en Medicare es voluntaria y que las empresas pueden retirarse si no est谩n conformes con el precio que ofrece el Gobierno.
Entre las impugnaciones legales que presentan los fabricantes se encuentra la de que se los obliga a entregar sus medicamentos a Medicare sin la debida compensaci贸n, seg煤n Andrew Twinamatsiko, director del Centro de Pol铆tica Sanitaria y Derecho del Instituto O鈥橬eill de la Universidad de Georgetown. Las compa帽铆as farmac茅uticas afirman que esto constituye una expropiaci贸n inconstitucional que viola la Quinta Enmienda.
Si las empresas no aceptan el precio negociado, tendr铆an que retirarse de Medicare y Medicaid, mercados enormes para el sector, o pagar elevados impuestos especiales.
Las farmac茅uticas argumentan que se las est谩 obligando a aceptar los precios negociados, aunque afirman que en realidad lo hacen bajo protesta. Asimismo, alegan que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid est谩n extralimit谩ndose en sus funciones y que el Congreso no concedi贸 un per铆odo de consulta p煤blica para las primeras rondas de negociaciones, privando as铆 a la industria del debido proceso.
Las farmac茅uticas llegaron a la Corte Suprema en desventaja. Dado que ning煤n tribunal inferior hab铆a respaldado su postura, no pudieron demostrar que el tribunal federal de apelaciones se hubiera dividido respecto a las cuestiones constitucionales que planteaban. La Corte Suprema suele buscar una divisi贸n de opiniones entre los tribunales inferiores antes de admitir un caso a tr谩mite.
鈥淟os argumentos que present贸 la industria eran d茅biles desde el punto de vista legal. Se aferraban a cualquier resquicio legal que encontraran en la Constituci贸n鈥�, dijo Twinamatsiko.
Twinamatsiko y un colega escribieron en un , en marzo, que los tribunales federales se han pronunciado 鈥渋nequ铆vocamente鈥� sobre las cuestiones constitucionales que plantean los casos de las compa帽铆as farmac茅uticas.
鈥淓l Gobierno puede condicionar la participaci贸n en programas federales voluntarios a la aceptaci贸n de sus condiciones de precios sin violar los derechos de expropiaci贸n, libertad de expresi贸n o debido proceso cuando existen opciones formales de salida鈥�, dijeron al describir la teor铆a de los tribunales inferiores sobre los casos.
The-CNN-Wire
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