Jueces en Chicago, Minneapolis y Washington han intentado responsabilizar al Gobierno de Trump por acciones cuestionables dentro y fuera de los tribunales durante el 煤ltimo a帽o, pero sus esfuerzos se han visto repetidamente obstaculizados por apelaciones, evasivas y otras t谩cticas.
Ahora, el tribunal federal de Rhode Island adopt贸 un enfoque distinto: la semana pasada design贸 a un abogado especial para investigar la presunta conducta inapropiada de un alto funcionario del Departamento de Justicia en un caso de inmigraci贸n.
Expertos legales dijeron a CNN que la medida parece dise帽ada para proteger el proceso frente a la fuerte oposici贸n que otros tribunales federales han enfrentado al intentar obtener informaci贸n b谩sica sobre posibles irregularidades del gobierno o garantizar el cumplimiento de 贸rdenes judiciales.
鈥淭odo se trata de rendici贸n de cuentas. Los jueces van a hacer todo lo posible para responsabilizar a todos los involucrados en estos casos. Y la primera l铆nea de responsabilidad son los abogados鈥, dijo William Smith, exjuez federal que hasta enero presidi贸 casos en Rhode Island. 鈥淓s extremadamente frustrante para los jueces tener que lidiar con esto鈥.
鈥淣o es algo com煤n鈥, a帽adi贸 Smith, nombrado por el expresidente George W. Bush, sobre la designaci贸n de un fiscal especial. 鈥淧ero ciertamente es algo que el tribunal tiene autoridad para hacer鈥.
La medida representa el episodio m谩s reciente en la tensa relaci贸n entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial federal desde que el presidente Donald Trump regres贸 al poder el a帽o pasado. Trump y sus asesores han atacado frecuentemente a jueces designados por presidentes de ambos partidos que han fallado en contra del Gobierno. Al mismo tiempo, tribunales en todo Estados Unidos han advertido repetidamente que el actual Departamento de Justicia ha puesto en riesgo la tradicional presunci贸n de que act煤a de buena fe ante los tribunales.
Benjamin Grimes, exalto funcionario de 茅tica del Departamento de Justicia y actual profesor de Derecho en la Universidad de Columbia, afirm贸 que la situaci贸n refleja un patr贸n m谩s amplio de abogados del Gobierno actuando con laxitud frente a las normas profesionales, algo que socava la confianza p煤blica en el sistema legal.
鈥淐uando algo as铆 ocurr铆a en el pasado, era un caso aislado. No era representativo de una serie de hechos f谩cilmente conectables鈥, dijo. 鈥淓so es lo diferente ahora鈥.
El Departamento de Justicia no respondi贸 a una solicitud de comentarios de CNN.
En respuesta a la designaci贸n de un fiscal especial, en el centro de la controversia y cuestion贸 el prop贸sito de la investigaci贸n.
La situaci贸n en Rhode Island ha sido especialmente tensa porque plantea dudas sobre la aparente disposici贸n de abogados del Departamento de Justicia a ignorar sus obligaciones 茅ticas mientras representan a agencias gubernamentales en los tribunales.
En el caso en cuesti贸n, la jueza federal Melissa DuBose, designada por el expresidente Joe Biden, orden贸 a finales del mes pasado liberar bajo fianza a Bryan Rafael G贸mez, un ciudadano no estadounidense arrestado por cargos de agresi贸n y lesiones y posteriormente entregado a autoridades migratorias para permanecer detenido mientras enfrentaba un proceso de deportaci贸n.
D铆as despu茅s de que DuBose ordenara su liberaci贸n, el Departamento de Seguridad Nacional critic贸 duramente a la jueza en , calific谩ndola como 鈥渦na jueza activista de Biden鈥 que deliberadamente dej贸 libre a 鈥渦n inmigrante ilegal criminal violento buscado por asesinato en Rep煤blica Dominicana鈥.
Ah铆 radica el problema: siguiendo instrucciones de funcionarios del Servicio de Inmigraci贸n y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingl茅s), un alto abogado de la Fiscal铆a Federal en Rhode Island ocult贸 deliberadamente a DuBose informaci贸n sobre una orden de arresto por homicidio emitida a帽os atr谩s mientras la jueza evaluaba si deb铆a ordenar la liberaci贸n de G贸mez de la custodia migratoria.
El abogado Kevin Bolan, quien supervisa la Divisi贸n Civil de la oficina, dijo a DuBose en documentos judiciales que desconoc铆a que la informaci贸n ya hab铆a sido divulgada p煤blicamente por la agencia y que, en cambio, se bas贸 en la representaci贸n de funcionarios que le aseguraron que no estaba autorizado a compartirla con el tribunal porque 鈥渦na raz贸n leg铆tima de aplicaci贸n de la ley imped铆a su divulgaci贸n鈥.
鈥淧or lo tanto, la jueza DuBose no contaba con esa informaci贸n sobre los antecedentes penales del solicitante cuando concedi贸 la petici贸n鈥, escribi贸 Bolan. 鈥淥frezco una sincera disculpa a la jueza DuBose, personalmente, y a todo el tribunal por las consecuencias de esta falta de divulgaci贸n鈥.
Durante una audiencia judicial de dos d铆as celebrada la semana pasada, seg煤n una transcripci贸n obtenida por CNN, Bolan reconoci贸 que DuBose probablemente no habr铆a ordenado la liberaci贸n de G贸mez 鈥渟i hubi茅ramos hecho esta divulgaci贸n tan importante, que no realizamos鈥.
La disculpa no satisfizo a la jueza. Durante la audiencia, DuBose afirm贸 que la situaci贸n era 鈥渓o suficientemente grave鈥 como para justificar procedimientos disciplinarios contra Bolan.
鈥淟o que debe abordarse es la honestidad y la falta de honestidad ante este tribunal, y debe investigarse completamente para que algo as铆 no vuelva a ocurrir鈥, dijo DuBose la semana pasada en la corte, en referencia a las normas 茅ticas que obligan a los abogados a actuar con honestidad y transparencia ante los tribunales.
La jueza tambi茅n exigi贸 que Bolan trabajara para lograr que el Departamento de Seguridad Nacional retirara el comunicado de prensa en el que se la atacaba, algo que 茅l acept贸 hacer, aunque hasta ahora la publicaci贸n sigue en el sitio oficial de la agencia.
鈥淢ientras esa publicaci贸n siga ah铆, est谩 construyendo una narrativa falsa鈥, dijo la jueza durante la audiencia. 鈥淧one a las personas en riesgo, representa una amenaza para la seguridad judicial. Pero, m谩s importante a煤n, existe un malentendido fundamental sobre lo que hacemos cada d铆a y eso no ayuda. Y, nuevamente, yo dir铆a que en realidad es peligroso鈥.
En respuesta a consultas de CNN sobre el caso, el Departamento de Seguridad Nacional envi贸 un enlace a asesor jur铆dico general de la agencia, quien afirm贸 que DuBose estaba incurriendo en 鈥渕ala conducta judicial鈥 al intentar responsabilizar a Bolan por su presunta conducta indebida en el caso.
Percival argument贸 que no correspond铆a al Servicio de Inmigraci贸n y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingl茅s) informar a la jueza sobre la orden de arresto porque, seg煤n 茅l, la impugnaci贸n de G贸mez contra su detenci贸n deb铆a haber sido manejada por un juez de inmigraci贸n y no por un tribunal federal de distrito.
鈥淒ado que el tribunal carec铆a de una base plausible para revisar la situaci贸n de custodia del se帽or G贸mez, era completamente irrazonable esperar que ICE estuviera preparado para presentar esa informaci贸n al tribunal鈥, escribi贸.
DuBose dijo la semana pasada que las autoridades pod铆an volver a detener a G贸mez y que deb铆an concederle una audiencia de fianza dentro de una semana despu茅s de retomar su custodia. Sin embargo, dos d铆as despu茅s, el Departamento de Justicia inform贸 a la jueza que ICE a煤n no hab铆a logrado localizarlo. Desde entonces, no se ha dado ninguna actualizaci贸n al tribunal.
En respuesta a la remisi贸n hecha por DuBose el jueves pasado, el principal juez de su distrito, John McConnell, nombr贸 a Niki Kuckes como fiscal especial para encargarse de la investigaci贸n. McConnell dijo que Kuckes tiene autoridad para solicitar documentos y realizar entrevistas, y que presentar谩 un informe con sus hallazgos y recomendaciones una vez concluida la revisi贸n.
El proceso podr铆a derivar en una sanci贸n tan severa como la suspensi贸n temporal o permanente de Bolan para ejercer ante tribunales federales, o en castigos menores, como una reprimenda p煤blica o multas.
鈥淟o fundamental es enviar un mensaje al gremio legal de que, independientemente de lo que el cliente gubernamental les diga que hagan, tienen la responsabilidad absoluta de actuar con honestidad ante el tribunal. Y eso siempre ser谩 exigido鈥, dijo Smith. 鈥淐on solo iniciar la investigaci贸n 鈥攕in importar cu谩l sea el resultado鈥 el tribunal ya envi贸 ese mensaje鈥.
Grimes se帽al贸 que, a lo largo de distintas administraciones presidenciales, nunca hab铆a visto el nombramiento de un fiscal especial para investigar presunta mala conducta de un abogado del gobierno.
Sin embargo, advirti贸 que Kuckes podr铆a encontrar obst谩culos si el Departamento de Justicia se niega a entregar informaci贸n relevante para la investigaci贸n.
鈥淟a informaci贸n relevante est谩 detr谩s del muro del Departamento de Justicia, detr谩s del muro del gobierno en el DHS鈥, dijo Grimes. 鈥淵 ese ser谩 el gran problema, porque la falta de participaci贸n en la investigaci贸n impedir谩 que el fiscal especial pueda llegar a conclusiones con certeza鈥.
El exfiscal federal Michael Moore coincidi贸 en que el Gobierno podr铆a simplemente ignorar al abogado especial. Pero agreg贸 que 鈥渓o har铆an bajo su propio riesgo鈥, dado que parte de lo ocurrido ya sali贸 a la luz durante los procedimientos judiciales.
鈥淎hora esa es la historia con la que tendr谩n que quedarse si se niegan a cooperar con la investigaci贸n, o esta es su oportunidad para decir: 鈥楴o, eso no ocurri贸 as铆鈥欌, afirm贸.
En otros casos de alto perfil en los que jueces han intentado obtener respuestas sobre decisiones cuestionables de la administraci贸n o responsabilizar a abogados por errores procesales, los tribunales a menudo han sido detenidos en seco.
Una jueza federal en Minnesota que declarar en desacato civil a un abogado del gobierno por no cumplir sus 贸rdenes en un caso inmigratorio enfrenta ahora una fuerte impugnaci贸n de esa decisi贸n ante un tribunal de apelaciones.
El a帽o pasado, mientras la ofensiva inmigratoria de Trump en el 谩rea de Chicago provocaba enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes, el intento de una jueza de exigir que un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza compareciera diariamente ante ella para garantizar el cumplimiento de restricciones impuestas a las operaciones de los agentes bajo su mando fue desmantelado despu茅s de que el Departamento de Justicia pidiera la intervenci贸n de otro tribunal de apelaciones.
En ese momento, afirm贸 que la orden de la jueza federal Sara Ellis, , convert铆a incorrectamente al tribunal de distrito en 鈥渦n supervisor de las actividades del jefe Bovino, interfiriendo en decisiones de gesti贸n de personal del Poder Ejecutivo鈥.
Y en Washington el juez James Boasberg ha intentado durante m谩s de un a帽o llevar adelante una investigaci贸n sobre qui茅n tom贸 ciertas decisiones en un caso migratorio de alto perfil que ten铆a ante s铆, y que termin贸 con decenas de inmigrantes enviados a una megac谩rcel en El Salvador pese a sus 贸rdenes temporales que suspend铆an los vuelos de deportaci贸n.
Las repetidas apelaciones del Departamento de Justicia han impedido que Boasberg pueda citar a funcionarios actuales y antiguos del departamento para que respondan preguntas bajo juramento en su tribunal, mientras intentaba avanzar con una investigaci贸n por desacato penal, que funcionarios del gobierno han descrito como una 鈥渆xpedici贸n de pesca鈥 impulsada por un juez con intereses personales.
鈥淪in duda tengo la intenci贸n de averiguar qu茅 ocurri贸 ese d铆a鈥, dijo Boasberg el a帽o pasado al anunciar planes para reactivar el proceso. 鈥淓sto ha estado pendiente durante mucho tiempo y creo que la justicia exige que avance r谩pidamente鈥.
Pero poco despu茅s, .
En el caso de Rhode Island, Smith se帽al贸 que, al utilizar un abogado especial, el tribunal tiene la ventaja de estar 鈥渦n paso alejado de la investigaci贸n, de modo que no pueda acus谩rsele de contaminar sus conclusiones con parcialidad鈥.
鈥淓l juez 鈥攜 hasta cierto punto el tribunal鈥 son una especie de v铆ctimas de estos ataques infundados鈥, dijo Smith. 鈥淟es resulta m谩s dif铆cil evaluar la conducta del abogado sin que exista la posibilidad de que parezca que esa evaluaci贸n est谩 contaminada por el hecho de haber sido atacados鈥.
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