La Corte Suprema permiti贸 el lunes que el presidente de EE.UU. Donald Trump avanzara con un dirigido contra los votos por correo, pero es casi seguro que la decisi贸n no ser谩 la 煤ltima palabra sobre si el Gobierno puede realmente implementar su plan de amplio alcance.
En el centro de la disputa se encuentra un decreto que Trump y que otorga al Servicio Postal de EE.UU. un papel sin precedentes para decidir si env铆a los votos por correo, una medida que llega despu茅s de a帽os en los que el presidente ha hecho afirmaciones sobre el voto ilegal por correo.
Pero la orden de la Corte Suprema, emitida con el desacuerdo de tres jueces liberales, no resuelve la legalidad de la propuesta de Trump. El plan del presidente para el USPS sigue bloqueado en todo el pa铆s. Y es casi seguro que nuevas acciones judiciales volver谩n a llevar el decreto de Trump ante los jueces, posiblemente dentro de unos d铆as.
Por ahora, ning煤n votante que tenga previsto emitir su voto por correo en las elecciones de mitad de mandato necesita cambiar sus planes. Aun as铆, la decisi贸n del m谩ximo tribunal le dio al presidente una victoria procesal en un tema que ha sido clave en su discurso durante a帽os. Y probablemente generar谩 incertidumbre tanto para los votantes como para los funcionarios electorales estatales, que se apresuran a prepararse para las importantes elecciones de mitad de t茅rmino de este a帽o.
La decisi贸n del tribunal del lunes no abord贸 la legalidad del decreto de Trump, sino el momento en que 23 estados dem贸cratas presentaron una para impugnarla. Los conservadores del tribunal concluyeron que la demanda se hab铆a presentado demasiado pronto porque el Gobierno de Trump a煤n no hab铆a tomado ninguna medida para implementar efectivamente sus planes.
鈥淓l decreto no impone ninguna exigencia a los estados鈥�, escribi贸 el m谩ximo tribunal en una decisi贸n sin firma que no revel贸 el resultado de la votaci贸n. Para suspender la directriz, escribi贸 el tribunal, los tribunales inferiores tuvieron que 鈥渆specular鈥� sobre el posible da帽o que sufrir铆an los estados demandantes.
La decisi贸n del lunes, indic贸 el tribunal, no significa que el presidente finalmente podr谩 implementar la disposici贸n del decreto relacionada con el USPS.
鈥淓n ese aspecto鈥�, escribi贸 el tribunal, 鈥渆l tiempo lo dir谩鈥�.
Trump s铆 obtuvo una victoria m谩s clara en otra secci贸n de su decreto. El Departamento de Seguridad Nacional podr谩 avanzar con un plan para crear listas de votantes de cada estado que, seg煤n ha determinado, son ciudadanos de EE.UU. y, por lo tanto, tienen derecho a votar. Pero el plan de Trump no exige que los estados hagan nada con esas listas.
La apelaci贸n de emergencia de Trump ante la Corte Suprema hab铆a estado pendiente durante casi un mes, un per铆odo inusualmente largo. En ese lapso, la disputa concreta sobre los votos por correo avanz贸 mucho m谩s all谩 del caso que el m谩ximo tribunal resolvi贸 el lunes.
Uno de los principales argumentos del Departamento de Justicia para sostener que los estados presentaron su impugnaci贸n de forma prematura era que el Servicio Postal de EE.UU. a煤n no hab铆a adoptado formalmente una normativa obligatoria que detallara c贸mo implementar铆a el plan del presidente. Mientras el caso estaba pendiente ante el tribunal, el USPS emiti贸 esa normativa, lo que aport贸 m谩s claridad sobre c贸mo pretend铆a ejecutar la orden.
Mientras tanto, el mismo tribunal federal de distrito de Massachusetts que hab铆a frenado el plan de Trump para el USPS en la impugnaci贸n presentada por los estados dem贸cratas emiti贸 otra decisi贸n en un caso separado promovido por grupos defensores del derecho al voto, como la Uni贸n Estadounidense por las Libertades Civiles. En esa decisi贸n, la jueza Indira Talwani, designada para el cargo por el presidente Barack Obama, bloque贸 las directrices del USPS en todo el pa铆s.
Esa decisi贸n separada sigue vigente. Y por eso, pese a la decisi贸n de la Corte Suprema del lunes, el decreto del presidente para el USPS contin煤a bloqueado.
Talwani ya est谩 actuando con rapidez y orden贸 una nueva ronda de escritos para el martes por la ma帽ana. Podr铆a emitir otra decisi贸n tan pronto como el martes para volver a bloquear temporalmente el decreto de Trump, de una manera que preparar铆a la disputa para regresar por la v铆a r谩pida a la Corte Suprema.
Debido a las maniobras legales en curso, a煤n no est谩 claro que la decisi贸n de la Corte Suprema del lunes vaya a tener alg煤n efecto en las elecciones de mitad de mandato de este a帽o. Seg煤n la Constituci贸n, los estados y el Congreso determinan los procedimientos de votaci贸n, no la Casa Blanca ni las agencias federales, un punto que casi con certeza se plantear谩 en una etapa posterior del caso.
Dicho esto, tanto para Trump como para los grupos que lo impugnan, el tiempo es esencial.
Si los tribunales federales intentan frenar el decreto de Trump cuando se acerque noviembre, probablemente chocar谩n de frente con una compleja doctrina judicial conocida como el 鈥減rincipio Purcell鈥�. Con base en una decisi贸n de la Corte Suprema de 2006, el principio advierte a los tribunales federales de todos los niveles que no deben hacer cambios de 煤ltimo momento en las reglas de votaci贸n. Si el litigio se prolonga, es casi seguro que el Departamento de Justicia argumentar谩 que ya es demasiado tarde para que los tribunales intervengan y detengan al Gobierno antes de las elecciones de mitad de t茅rmino de este a帽o.
La jueza Ketanji Brown Jackson, quien expres贸 su disenso el lunes, advirti贸 que el Gobierno podr铆a 鈥渕anipular el sistema鈥�.
鈥淒esde hace alg煤n tiempo, la Corte sostiene que incluso las reclamaciones legales v谩lidas relacionadas con las elecciones pueden presentarse demasiado tarde鈥�, escribi贸 el lunes Jackson, la jueza liberal de menor antig眉edad en la Corte. 鈥淟a revelaci贸n de hoy es que esas reclamaciones tambi茅n pueden presentarse demasiado pronto, sin importar que se avecinen unas elecciones y que actualmente se est茅n produciendo perjuicios relacionados鈥�.
Faltan menos de 80 d铆as para las elecciones del 3 de noviembre.
Ell decreto del presidente de marzo puso en marcha dos cambios importantes.
En primer lugar, orden贸 al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingl茅s) elaborar listas de ciudadan铆a estado por estado utilizando bases de datos federales, incluidos datos del Seguro Social y registros migratorios. El objetivo: identificar qui茅nes podr铆an ser elegibles para votar en elecciones federales y proporcionar a los estados datos para compararlos con sus padrones electorales. Por ahora, la decisi贸n de la Corte Suprema permite que esa iniciativa siga adelante.
En segundo lugar, orden贸 al Servicio Postal cambiar la forma en que gestiona la entrega de boletas electorales por correo.
Seg煤n una norma definitiva publicada la semana pasada por el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en ingl茅s), los funcionarios electorales estatales y locales tendr铆an que cargar los nombres y las direcciones de todos los destinatarios de boletas electorales por correo en un portal del Servicio Postal antes de que las boletas sean enviadas a los votantes. Tambi茅n tendr铆an que adoptar sobres estandarizados y c贸digos de barras 煤nicos que puedan ser le铆dos por m谩quinas.
Las boletas que no se incorporen al portal ser铆an rechazadas y devueltas a los funcionarios electorales. Los estados que se nieguen a cumplir perder铆an los servicios de entrega de boletas del USPS para las elecciones generales federales.
Esos datos se convertir铆an en una especie de 鈥渕anifiesto鈥� de boletas que se utilizar铆a para detectar anomal铆as y se compartir铆a con las autoridades federales y los funcionarios electorales para realizar auditor铆as e investigaciones. El DHS y el Departamento de Justicia podr铆an entonces utilizarlos para investigar presuntos casos de voto ilegal, una iniciativa que este Gobierno ha respaldado con todo el peso del Gobierno federal durante los 煤ltimos 18 meses.
Pero hay una salvedad crucial: el USPS afirma que no implementar谩 la norma antes de las elecciones de mitad de t茅rmino 鈥攏i en ning煤n momento鈥� sin la aprobaci贸n de un tribunal federal. La Casa Blanca ha dejado claro que quiere que el sistema est茅 en funcionamiento para las elecciones de noviembre.
M谩s de 20 estados, l铆deres del Partido Dem贸crata y grupos no partidistas de defensa del derecho al voto han demandado al gobierno para detener la medida, con el argumento de que la Constituci贸n no otorga a Trump la facultad unilateral de cambiar la forma en que los estados llevan a cabo sus programas de voto por correo.
Funcionarios electorales, incluidos algunos republicanos, advierten que la pol铆tica podr铆a ampliar enormemente las funciones del USPS y del DHS en la administraci贸n de las elecciones, crear graves problemas log铆sticos y alimentar la confusi贸n entre los votantes. Temen que el caos resultante pueda dar a Trump y a sus aliados nuevos motivos para impugnar los resultados.
El 鈥淯SPS ya no es simplemente un transportista de boletas electorales; en cambio, se transforma en un guardi谩n de la elegibilidad de los votantes鈥�, escribieron en uno de los casos los abogados que impugnan el decreto.
El USPS rest贸 importancia a esas preocupaciones tras recibir m谩s de 200.000 comentarios del p煤blico, incluidas advertencias sobre la privaci贸n del derecho al voto, errores y confusi贸n.
鈥淎 pesar de las dificultades log铆sticas o financieras que los estados puedan enfrentar para cumplir con la norma, incluidas algunas afirmaciones de que su implementaci贸n inmediata resultar铆a imposible, los beneficios de la norma en materia de visibilidad y aplicaci贸n de la ley, incluso para este ciclo electoral, son tales que no existe ninguna raz贸n de peso para retrasarla鈥�, escribi贸 la agencia en su norma final.
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